El Gobierno ha dispuesto el día de ayer S/. 710 millones adicionales al presupuesto del sector público gracias a la mayor recaudación del Impuesto a la Renta y del IGV. Propone dedicarlo a financiar el pago a diversos servidores públicos, financiamiento de actividades de diversos programas y organismos públicos. Este es el 2do crédito suplementario del Gobierno este año: el primero fue en marzo por S/. 390 millones. En total sumados los dos créditos, hasta ahora el Gobierno ha ampliado en S/. 1,100 millones su gasto en lo que va del año. Los sectores que son mas favorecidos en la asignación de recursos son Interior (S/. 117 millones), Transportes (S/. 74.5 millones), Poder Judicial y Ministerio de Justicia (S/. 64.6 millones), Regiones (S/. 63.5 millones), Ministerio Público (S/. 50 millones) y PCM (S/. 35.7 millones).

Esta situación no tendría nada de extraño si el Ejecutivo no hubiera intentado iniciar el debate del proyecto en la sesión del pleno de esta tarde, pretendiendo dispensarlo de todos los trámites que debe seguir al llegar al Legislativo pero además yendo en contra de la propia constitución en su artículo 80º que dispone que los créditos suplementarios siguen el mismo trámite que la ley anual de presupuesto.

Además, este proyecto sigue presentando los vacíos de siempre, que ponen en cuestión si el dinero de todos los peruanos está siendo utilizado de la manera más eficiente. El primer problema que observa este crédito es que se sigue con la costumbre de usar ingresos extraordinarios (mayor Impuesto a la Renta por altos precios de minerales) para gastos corrientes y permanentes, representando estos el 77% del total de la ampliación presupuestal. ¿Cuál será el panorama de los ingresos fiscales cuando los precios de los minerales se estabilicen?

Otra crítica a este proyecto es que el gobierno no esta cumpliendo los compromisos que se ha hecho para con los sectores sociales tal como se estableció en novena disposición final de la Ley de Equilibrio Financiero del año 2006 que establecía como prioridad de cualquier ampliación presupuestal a los niños y madres gestantes. Este crédito presupuestal manifiesta nuevamente que las prioridades del ejecutivo difieren de las necesidades del país, pues al Sector Salud apenas se le asigna el 5% del crédito suplementario (S/. 35 millones), al MINDES apenas 3% (S/. 20.5 millones) y a Educación a penas el 1.4% (S/. 10 millones). Sin embargo, se ha asignado a la PCM S/. 20 millones para publicidad estatal, al Despacho presidencial S/. 2.54 millones para gestión administrativa y al INDEPA S/. 4 millones ¿Son estas prioridades para la labor estatal?

Asimismo, es un crédito centralista pues a los gobiernos regionales apenas se les ha asignado un 9% del mismo de los cuales tan sólo S/. 22 millones son destinados a inversiones que se encuentran concentrados en cinco gobiernos regionales.

Finalmente, existe suspicacia con el artículo 12º del crédito pues le permite al Ministerio de Economía y Finanzas a reestructurar mediante Decreto supremo, las fuentes de financiamiento con las que atenderá el gasto de servicio de deuda a su cargo. ¿Por qué es necesaria una recomposición?

El Presupuesto debe operativizar el proceso de gestión pública. Una adecuada planificación presupuestal minimizaría progresivamente la necesidad de endeudarnos, racionalizaría de manera progresiva el gasto público y suministraría elementos operativos para incrementar la recaudación tributaria. Es necesario que el ejecutivo establezca como prioridades las necesidades de miles de peruanos que reclaman mejores servicios básicos, mejoras en la atención de salud y calidad en la educación. Se requiere un presupuesto que tenga como prioridad a todos los peruanos.

(*) Presidente de la Célula Parlamentaria Aprista
Congresista de la República
E-mail: lalva@congreso.gob.pe